La proliferación de prejuicios, mensajes de odio, polarización, noticias falsas, desinformación, fraudes, robo de datos personales, hostigamiento (cyberbullying), manipulación política, mercantilización de contenidos, lucro con contenidos ajenos, venta de datos personales, manipulación psicológica, privatización del espacio público digital, exacerbación del individualismo, pérdida de la privacidad.
Son algunos de los daños que Internet ha causado al tejido social alrededor del mundo y que Tim Berners-Lee, inventor de World Wide Web —la infraestructura que hace posible su funcionamiento— busca reparar con un nuevo Contrato para la Web, iniciativa suscrita por 80 organizaciones que convoca a gobiernos, empresas y sociedad con el fin emprender acciones para evitar que el lado negativo de la red siga minando nuestro ecosistema digital.
La iniciativa, cuyo lema es Un plan de acción global para hacer que nuestro mundo en línea sea seguro y capacitador para todos, se rige por 9 principios divididos en tres categorías: gobierno, empresas y ciudadanos.
En el sector gobierno se plantean como principios 1. Asegurarse de que todos puedan conectarse a internet. 2. Que internet esté disponible todo el tiempo 3. Respetar y proteger los derechos fundamentales de privacidad y datos en línea de las personas.
En el sector empresas se les exhorta 4. Hacer que Internet sea asequible y accesible para todos 5. Respetar y proteger la privacidad y los datos personales para generar confianza en línea 6. Desarrollar tecnologías que respalden lo mejor de la humanidad y “desafíen lo peor” (sic).
A los ciudadanos se les pide 7. Ser creadores y colaboradores en la web. 8. Construir comunidades fuertes que respeten el discurso civil y la dignidad humana. 9. Luchar por la web.
Nadie puede negar los beneficios que internet ha traído a la humanidad; ha dado a millones la posibilidad de comunicar sus ideas, garantizar su libertad de opinión y provocar cambios en sus respectivas sociedades en los campos económico, cultural, político e incluso ha transformado la forma en cómo nos entretenemos, viajamos, creamos amistades y nos enamoramos.
La Aldea Global, visionada por McLuhan, sería impensable sin el desarrollo de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) que sólo son funcionales cuando se conectan a la red. Una computadora o dispositivo móvil sin WIFI es prácticamente inservible.
Todo pasa por Internet a tal grado que la ONU declaró su acceso un derecho humano, que debe ser garantizado y costeable para todos y debe ser considerado una prioridad por parte de los estados.
A finales del siglo XX vimos a internet con la esperanza y promesa de construir sociedades más justas, democráticas, creativas, colaborativas, mejor informadas y más inteligentes. Esta visión dio un giro de 180 grados en el siglo XXI, cuando las plataformas digitales monopolizaron los accesos a la red bajo la promesa ofrecer servicios gratuitos. En el camino hirieron de muerte a la privacidad al lucrar con el tiempo que los usuarios pasamos en línea.
Nada es gratis. El precio que pagamos es que nuestra experiencia digital ha quedado limitada a la visita obligada a las redes sociales. Nuestros datos personales son la mercancía que alimenta al mercado publicitario. Google y Facebook, con sus diversas subsidiarias, son los jugadores más dominantes en la web, pero no los únicos.
Por otra parte existen plataformas sin fines de lucro, que otorgan servicios financiados por la misma comunidad, garantizando la privacidad y el flujo de la información, tal es el caso de la enciclopedia Wikipedia, los buscadores Firefox, DuckDuckGo o el desarrollo de software libre. Estas plataformas son una isla en un océano de intereses comerciales.
La web, como toda tecnología, es una herramienta y como puede utilizarse en beneficio o perjuicio de las personas. Está lejos de ser un espacio neutro, como nos lo han querido vender los gigantes tecnológicos para evitar ser regulados. ¿Cómo responder a los desafíos para garantizar que internet ponga en primer orden su lado progresista y no su lado negativo?
Para evitar la distopía —la representación de una sociedad con características negativas causantes de la alienación humana—, Tim Berners-Lee considera que la web necesita de la intervención radical de todos los que detentan poder sobre su futuro: gobiernos que legislan y regulan; empresas que diseñan productos digitales; grupos de la sociedad civil y activistas que responsabilizan a los poderosos de los daños causados en el espacio cibernético; y cada usuario de la web que interactúa en línea.
Este nuevo Contrato para la Web es una iniciativa loable, que puede terminar en una carta de buenas intenciones o, peor, ser utilizada por los gigantes tecnológicos para lavar su imagen (Facebook, Google y Microsoft la han suscrito).
En la práctica, las empresas tecnológicas no sólo han hecho poco, sino que son corresponsables de esta hipercomercialización de internet, en la que no se distingue si los contenidos publicitarios son falsos y buscan manipular la esfera pública digital, con tal de que se pague por los anuncios.
Sin legislaciones que respalden el Contrato para la Web, que definan las responsabilidades sociales y jurídicas de las plataformas digitales, los alcances serán limitados.
En la Unión Europea, cansados de escuchar las promesas de las empresas para mejorar el cuidado de los datos personales y sus políticas de privacidad, decidieron reformar la legislación para obligarlas a informar a las personas sobre el uso que los corporativos tecnológicos dan a su información, con el fin evitar venderla a terceros sin el consentimiento del usuario. Se contemplan multas multimillonarias contra Facebook y Google por violaciones a la ley de datos personales, aunque los casos están en tribunales.
El siguiente paso que los legisladores europeos ya analizan es regular la contratación de publicidad política en internet, para evitar que el espacio virtual se convierta en una máquina de propaganda en tiempos electorales, como ha ocurrido en diversas partes del mundo con los resultados que todos conocemos (Brexit, Trump…).
Del otro lado del Atlántico el panorama es distinto. En los Estados Unidos, donde todo lo que sea legislación es interpretado como una injerencia del Estado, y donde los dueños de los gigantes tecnológicos operan sin mayores restricciones más que ocasionales llamados del Congreso para comparecer— le ocurrió a Mark Zuckerberg por el escándalo de Cambridge Analytica— está por verse si el nuevo Contrato para la Web contribuye a que internet sea un lugar más constructivo para construir comunidades mejor informadas, más democráticas y, sobre todo, más colaborativas.
Apostemos por la utopía, no la distopía.